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Por Alfredo Rodríguez, Arquitecto

La realidad ha demostrado ser más lenta que el discurso de los primeros meses o del primer año, cuando el Presidente aseguró en un programa de televisión que se entregarían más de 100.000 viviendas nuevas antes de los dieciocho meses del terremoto.

La proximidad del término del gobierno ha acelerado el proceso, y se ha informado que, a la fecha, un 50% del total de los subsidios para casa nueva está en alguna etapa de construcción.

Estado de avance de entrega de soluciones habitacionales

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo, “Avance en la entrega de soluciones habitacionales. Programa de Reconstrucción en Vivienda. Informe 30 septiembre 2012”.

Entrar a la discusión sobre los números de los subsidios otorgados, los proyectos iniciados y las viviendas terminadas, es un esfuerzo inútil. Las cifras se explican por las opciones tomadas en los primeros días del sismo. No obstante, los criterios definidos -como mantener a las familias en sus propios sitios y utilizar los programas de subsidios habituales en un universo muy amplio de pequeñas localidades- no parecen compatibles con la opción inicial de entregar a grandes empresas la operación de la reconstrucción. Más que unas pocas grandes empresas, se habrían necesitado muchas más pymes y definir mecanismos que las permitieran operar, para así poder atender las demandas particulares.

Las aldeas

Las aldeas o campamentos posterremoto constituyen un tema que el gobierno no ha resuelto en términos urbanos, ni tampoco en términos sociales o de vivienda. Ellas representan un tema que reconoce como problema: por algo se nombró a un delegado presidencial para los campamentos y aldeas de emergencia. Además, preocupa al gobierno en términos de la imagen de eficiencia que inicialmente ofreció al país: se termina su periodo y aún no hay una solución definitiva para las algo más de 4.000 familias que están en las aldeas de damnificados.

En el verano de 2012 se ofrecieron dos respuestas populistas: el Festival Dichato Vive, y el subsidio a las familias para arrendar una casa mientras reciben una solución definitiva.

El espectáculo de la reconstrucción

Dichato, localidad situada al norte de Concepción, fue un balneario tradicional. Ahora es uno de los pueblos costeros más destruidos por el tsunami de 2010, cuando el mar arrasó con gran parte de las viviendas e instalaciones comerciales. En su periferia se han instalado aldeas de mediaguas en las cuales han estado viviendo, por más de dos años, unas 2.000 familias afectadas.

A lo largo del año pasado, las familias de las aldeas de Dichato realizaron protestas, cortaron los caminos y, tras enfrentarse con las Fuerzas Especiales de Carabineros, lograron restablecer negociaciones con el intendente regional. A fines de año las promesas hechas en esa ocasión no estaban cumplidas y las familias de las aldeas volvieron a sus reclamos con el intendente.

Una de las respuestas fue el proyecto “Festival Dichato Vive”. Se trató de un evento público, transmitido por radio y televisión, que se realizó todos los sábados de febrero de 2012. Surgió tras la gestión de Felipe Kast, quien se coordinó para llevar a cabo tal empresa con el productor Jorge Saint Jean (esposo de la cantante Myriam Hernández).

Entre los artistas nacionales y extranjeros estuvieron el veterano “Puma”, José Luis Rodríguez; Américo, Pimpinela, Myriam Hernández, Enanitos Verdes, Luis Jara, La Noche con Leo Rey y La Rancherita, entre otros. Las entradas eran gratuitas y, además, el espectáculo era transmitido en vivo por el canal Megavisión.

Los sábados de febrero llegaron más de 20.000 personas al Festival. Fue necesario cortar las calles, y la presencia de policías de Investigaciones, de Carabineros y de sus Fuerzas Especiales, para controlar cualquier posible manifestación.

El financiamiento del evento fue compartido entre el Fondo Nacional de la Cultura, la Ley de Donaciones para empresas y Megavisión. Cuando se le preguntó a Lorena Arce, del Movimiento Nacional por una Reconstrucción Justa, qué pensaba del Festival señaló:

“Viva Dichato es la prueba concreta del fracaso y la incapacidad del Gobierno en materia de reconstrucción. Si ellos tuvieran avances concretos y significativos en materia de reconstrucción, su mejor propaganda sería la propia realidad. Lo que aquí están haciendo no es otra cosa que una cortina de humo que pretende esconder la incompetencia y la corrupción que se esconde detrás de este proceso llamado de reconstrucción, con el cual unos pocos han lucrado, mientras miles siguen sufriendo y esperando”.

Irse a vivir con un pariente

El año pasado el gobierno afirmó que ninguna familia damnificada pasaría un tercer invierno en las aldeas. Como existe la certeza que las nuevas viviendas no estarán construidas para esa época, el Minvu propuso ofrecer un subsidio de hasta 150.000 pesos para que las familias arrendaran transitoriamente una vivienda y pudieran abandonar las aldeas.

La factibilidad de este subsidio de arriendo es de por sí cuestionable, porque el mercado al cual puede dirigirse es muy restringido: frente a las 185.000 viviendas destruidas y dañadas gravemente en la zona, existe una cantidad limitada de viviendas en arriendo financiadas por subsidios. Por tanto, tal como señala el Equipo de Plataforma Urbana, el precio de los alquileres subiría notablemente en las comunidades, pueblos pequeños e incluso ciudades medias. De ahí que el Presidente nos sorprendió con la verdad. Dijo: “No va a ser posible” que las familias de aldeas reciban su vivienda definitiva antes de que se inicie el próximo invierno. “Por eso hemos decidido diseñar un nuevo programa: dar una vivienda o irse a vivir con un familiar, aportando el subsidio de arriendo”. De esta forma, el subsidio no es para arrendar, es para que las familias abandonen las aldeas y se vayan a vivir en calidad de allegados a casa de familiares a los cuales les pueden aportar una suma de hasta 150.000 pesos.

Lo anterior se resume en lo señalado por Felipe Kast: “El objetivo es que todas las familias en aldeas tengan la libertad de dejar atrás la vivienda de emergencia antes del próximo invierno”. Es la misma libertad de elegir colegio para los hijos o un lugar de la ciudad donde vivir que nos otorga el sistema.

El “urbanismo a la carta”: exclusión y corrupción

Arnold Harberger, ex director del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, en una conferencia realizada en el Minvu, señaló que existe una forma natural de crecimiento de las ciudades: la del mercado. Y explicó que, frente a esta forma natural de crecimiento, la planificación urbana u otras formas de regulación de las áreas urbanas eran intervenciones que limitaban o entorpecían el desarrollo de las ciudades.

Dos hechos reciente, muestran cuán hondo han calado las lecciones de Harberger en las autoridades de las ciudades, en los empresarios, e incluso en quienes viven en conjuntos de viviendas de alto estatus.

Uno se generó como consecuencia de la aplicación de un reglamento interno discriminatorio en una urbanización de Chicureo, que limitaba el desplazamiento peatonal del personal de servicio por las calles de dicho conjunto.

El otro se refiere a la construcción de un mall en la ciudad de Castro que, por su magnitud e impacto en la ciudad, ha generado una amplia discusión en el ámbito profesional y académico respecto a un tipo de intervenciones en que las regulaciones municipales son superadas por acciones poco transparentes. Es una discusión importante, pero un poco tardía, cuando las regulaciones ya han sido sobrepasadas numerosas veces por grandes casinos, hoteles, malls, en San Antonio, Valparaíso, Valdivia, Puerto Montt, Santiago, etc.

En ambos casos se ha reducido al límite la noción de lo que es lo público en la ciudad.

En el caso de Chicureo, la Justicia reconoció que se trata de un reglamento de uso de un condominio contraído entre privados. En el caso del mall de Castro, las regulaciones de la Municipalidad y del Minvu (Seremi) son sobrepasadas y las instituciones dejan operar libremente a los actores económicos y políticos locales. El punto es que, en ambos casos, el problema se trata no solo de un asunto de regulación, sino de la exacerbación en el territorio de un modelo de desarrollo urbano concentrador y excluyente.